| XALAPA.- La presidenta municipal de Tenancingo, Estado de México, Nancy Nápoles Pacheco, rechazó las acusaciones en su contra que la señalan por presuntamente haber simulado su secuestro para ocultar un supuesto desfalco de 40 millones de pesos del erario municipal. ¿Qué otra cosa podría decir? En un video difundido en redes sociales, la edil afirmó que las imputaciones tienen un trasfondo político orientado a desacreditarla como servidora pública y como mujer. Señaló además que existen irregularidades en el proceso de investigación y denunció un supuesto uso político de las instituciones. La alcaldesa negó la existencia del desfalco y aseguró que las finanzas del municipio se encuentran en buen estado, por lo que pidió la intervención del órgano de fiscalización para revisar las cuentas públicas. También cuestionó la validez de un testimonio utilizado por la Fiscalía bajo el criterio de oportunidad, al considerar que podría haberse obtenido a cambio de beneficios legales, y exigió que la investigación se realice con apego al debido proceso. El jueves la Fiscalía del Estado de México (FGJEM) al detallar que ejercitó acción penal en contra de seis personas, por el delito se simulación de secuestro, en el que habría participado la munícipe, quien el pasado 1 de junio denunció haber sido privada de su libertad. Informó que una investigación realizada por el Ministerio Público pudo establecer que todo se trató de una simulación, en complicidad con familiares, para poder obtener un rescate de 40 millones de pesos que saldrían del erario, y que servirían para tapar un desfalco en el ayuntamiento. Por lo anterior, detuvo a tres personas identificadas como Karla Valeria “N”, Víctor Manuel “N” y Christian “N”, y solicitó una audiencia de formulación de imputación contra la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, por su presunta relación en la simulación de su propio secuestro ocurrido el pasado 31 de mayo. Asimismo, la fiscalía reveló que los recursos habrían sido utilizados por la alcaldesa emanada de Morena para la compra de vehículos y un departamento. Las indagatorias incluyeron análisis de videograbaciones, entrevistas ministeriales, rastreo telefónico y revisión de comunicaciones entre los presuntos involucrados. Según la dependencia, en las imágenes obtenidas no se observan actos de violencia física o sometimiento contra la alcaldesa durante el momento en que abordó el vehículo donde supuestamente fue privada de la libertad. La Fiscalía indicó además que el automóvil utilizado en los hechos era empleado habitualmente por una de las personas detenidas y que los presuntos participantes fueron localizados días después en el estado de Oaxaca. De acuerdo con la carpeta de investigación, la presidenta municipal incluso habría dado indicaciones sobre rutas para evitar cámaras de vigilancia y, durante el trayecto, utilizó un teléfono celular para comunicarse con familiares. En una de esas conversaciones pidió expresamente “que no avisara a la policía”. |